GÉNESIS DE NUESTRA DEFENSORÍA SOCIAL
En el Ecuador no ha existido la institución de la Defensoría Pública Nacional establecida por ley, aunque se anuncie su presentación en base al nuevo texto constitucional del 2008. Habían todavía rezagos del sistema de defensa honorario cuando en los juicios penales, los jueces designan a cualquier abogado de la localidad para que como “defensor de oficio”, asuma el patrocinio del sindicado que carece de defensor privado, sin que el defensor de oficio tenga ninguna retribución, ni control sobre su gestión, por lo que en la mayoría de los casos, se constituye en un defensor formal, que hace presencia pero no una verdadera defensa del caso.
De otro lado, adscrita a la Función Judicial ha funcionado una unidad de defensa pública organizada por el Estado que contaba con tan solo 33 funcionarios a nivel nacional, es decir 0.3 defensores por cada 100.000 habitantes, lo que a todas luces supone un desempeño más que modesto; por más esfuerzo que hagan los defensores, no pueden interiorizarse del caso ni planificar eficientemente una defensa; y menos ejecutarla de modo satisfactorio.
Ante esta realidad, la sociedad civil organizada pasó a ocupar el puesto que debería haber desarrollado el Estado, como garante del cumplimiento de los derechos de las personas de escasos recursos económicos que no pueden acceder a una defensa jurídica de calidad, a través de fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, que con las limitaciones propias de su situación y con un limitadísimo alcance, ofrecen servicios legales gratuitos a las personas pobres, como lo han hecho también varias de las universidades, públicas y privadas que tienen facultades de jurisprudencia.
En este contexto hay que señalar que el Colegio de Abogados de Pichincha con sede en Quito, fue fundado en el año de 1912 y por mandato de la Ley de Federación de Abogados del Ecuador de 1964, agrupa a todos los abogados de la provincia en virtud de que la ley mencionada estableció la colegiatura obligatoria. Para el año 2002, es decir después de noventa años de vida institucional, seguía siendo la aspiración del gremio el contar con un local propio y funcional que permita el desarrollo de sus actividades, por lo que, cuando el doctor Fabián Jaramillo Terán fué electo Presidente del Colegio, se impuso, con los demás miembros del directorio y el respaldo de nuestros afiliados, el hacer efectiva esa aspiración finalmente cumplida con la adquisición de la Casa del Abogado situada frente al Palacio de Justicia de la ciudad de Quito.
En esa circunstancia decidimos, como una iniciativa enteramente altruista, crear un sistema de defensoría piloto con la finalidad de constituirse en una propuesta de solución ante el calamitoso estado de la defensa pública en el país, para lo cual contamos con el apoyo de la UIBA que a través de las exposiciones de nuestros amigos españoles José Ramón Antón y Fernando Bejarano, durante una semana, motivaron a centenas de abogados para que empleen una parte de su tiempo en el afán de reciprocar en beneficio de los ecuatorianos más pobres, el privilegio de tuvimos quienes hemos accedido un nivel de educación superior, lo que entraña un compromiso de responsabilidad social dentro de un país con las graves inequidades a las que me he referido.
Por su carácter y esencia, denominamos como “Defensoría Social” a nuestro proyecto que inició con un grupo de 60 abogados ad honorem, miembros de nuestro Colegio y comprometidos con la causa, el primero de los cuales fue el doctor Rigoberto Ibarra, que hoy día está aquí para compartirnos su experiencia de vida. Carecíamos de recursos para compensar el trabajo de los defensores, y muchos de nuestro afiliados veían con recelo una eventual competencia desleal, porque obviamente, la Defensoría Social no cobraría ningún valor por el servicio prestado, lo que exigía un mínimo esfuerzo de selección para confirmar que el usuario, por su condición económica, no puede pagar el servicio que ofrecen nuestros demás colegiados en sus oficinas particulares.
Ante la imposibilidad de ofrecer una compensación económica por el ejercicio de las defensa, el Colegio de Abogados ha reconocido la labor de estos profesionales otorgándoles condiciones especiales para su capacitación dentro de los cursos realizados por la institución, y en ocasiones, les ha ofrecido la asesoría de distinguidos juristas afiliados, para tratar determinados casos puntuales, creándose así un cuerpo jurídico comprometido con la defensa de los ecuatorianos más pobres.
Estimamos entonces que no sólo los abogados agremiados debíamos ser sensibles al grave problema de marginalidad social existente sino que debía despertarse esa inquietud en otros organismos y estamentos de la sociedad para alcanzar mejores resultados, y por que no decirlo, también para facilitar la gestión de los defensores sociales, y a la vez, ofrecerles alguna ventaja que pueda ser aplicada incluso en su práctica privada. En esta virtud, se celebraron convenios interinstitucionales con entidades públicas relacionadas con la administración de justicia, incluidas la Función Judicial, La Fiscalía, la Policía Nacional, la Dirección de Prisiones, a fin de que den un trato preferente a los casos identificados como más sensibles y a los profesionales que portando el carné de defensores sociales los patrocinaban, lo que resultó interesante porque implicó una efectiva facilidad para el trabajo del abogado ante instituciones normalmente congestionadas en la atención a los usuarios.
Como los defensores sociales sólo destinan unas horas de su tiempo a esta labor altruista, y por lo mismo, desarrollan su práctica privada como medio de subsistencia, su identificación como tales defensores sociales, finalmente les reporta un beneficio que resulta extensivo para esa práctica privada que desarrollan.
El proyecto en marcha, mereció el respaldo del Banco Mundial concretado en la provisión de fondos a nuestro Colegio de Abogados que sirvieron para ciertas labores logísticas y fundamentalmente para mejorar la preparación de los defensores sociales, habiéndose dictado un diplomado en litigación de nivel de especialización universitaria, el cual se constituyó en una retribución directa al esfuerzo realizado por los profesionales voluntarios, a la vez que garantizaba que la calidad de defensa que reciben las personas que acuden a este sistema sea cada vez sea mejor. En todo caso, la esencia del servicio está en la vocación del abogado que por turnos y con horarios parciales, ofrece sus servicios a los sectores más pobres de la sociedad recibiendo ante todo la satisfacción personal que la labor como tal reporta.
Con el financiamiento obtenido, se pudo incorporar un nuevo grupo de 35 defensores, que esta vez fueron capacitados en mediación, buscándose propagar los medios alternativos de resolución de controversias como otra forma de garantizar el acceso a la justicia y de descongestionar las abarrotadas dependencias judiciales. A la vez, se fundó el Centro de Mediación del Colegio de Abogados adecuado en el último piso del la casa adquirida, donde inició su funcionamiento, superando en una primera etapa, la oposición de una parte del gremio tradicionalmente formado en la universidad para litigar, y que por lo mismo, consideraba atentatorio a la esencia del abogado el fomentar los mecanismos de solución alternativa de conflictos. Dicho Centro de Mediación, ha pasado a ser un medio idóneo para terminar amistosamente los litigios sobre materia transigible, y su labor no tiene costo cuando se trata de asuntos derivados de la Defensoría Social para evitar las largas controversias y la propia contingencia que todo juicio trae consigo.
Algunos defensores sociales se han calificado como Mediadores del Centro y cumplen gratuitamente la labor de facilitar las negociaciones entre las partes en materias como alimentos, inquilinato e incluso en determinados temas laborales. Cabe al efecto señalar que los sistemas procesales tradicionalmente escritos que han imperado en el Ecuador determinan que las controversias judiciales se dilaten absurdamente en el tiempo, demorando hasta cinco años la resolución de un juicio laboral o de alimentos. En esta década, se han reformado estos trámites procesales para implementar los juicios por audiencias, y después de un aparente éxito inicial, por la falta de decisión política para financiar el incremento de judicaturas que es fundamental para que funcione un sistema procesal que prioriza la inmediación y acción directa del juez, los sistemas han colapsado, la justicia es tan lenta como antes y la desesperanza y decepción de los litigantes es mayor, por lo que en el caso de las personas más pobres, la mediación vuelve a ser una opción válida para la solución de estas controversias, y entonces toma trascendencia la labor de esos defensores sociales calificados como Mediadores del Centro del Colegio de Abogados.
