La Defensoría Social de Colegio de Abogados de Pichincha funciona en base a un reglamento oportunamente dictado y que ha permitido su crecimiento y desarrollo, sin carga burocrática y con la optimización de los recursos humanos y económicos disponibles. Lamentablemente, solo podemos atender diariamente un poco más de cien personas, cuando en las afueras de nuestro Colegio, a primera hora de la mañana y de la tarde, se concentran cientos de ecuatorianos que buscan el turno que se entrega con estricto respecto al orden de presentación.

No todos los potenciales usuarios del sistema llegan a ser atendidos en un trámite legal. Se elimina en primer lugar a las personas que estarían en posibilidad de pagar un abogado privado, aunque se reconoce que no hemos podido desarrollar un sistema técnico para esta selección, que podría respaldarse en una declaración juramentada del usuario y en las constataciones posteriores que se hagan, ya por parte de personal de servicio social o por propia averiguación del defensor. 

Hay otros casos en que el usuario recibe la debida atención, la asesoría necesaria e incluso el defensor inicia el trámite respectivo, pero  luego debe afrontar el problema de que el interesado no regresa ni manifiesta ningún interés en continuar con la acción. Si ello se debiera a que solucionó su problema, se habría cumplido el propósito de la Defensoría Social; sin embargo, muchas veces no se vuelve a tener ninguna información adecuada. Frente a este problema, ha habido sugerencias de establecer un costo mínimo y simbólico por la atención brindada, no con un fin compensatorio del servicio sino a partir del criterio de que las personas no valoran los servicios gratuitos, y que en cambio, si han tenido que realizar un desembolso, por pequeño que fuera, se preocupan de alcanzar la mejor contraprestación posible. Sin desconocer el sentido práctico de la sugerencia, jamás ha sido implementada la misma porque implicaría una distorsión del propósito básico que se busca, que es el de facilitar sin costo, el acceso a la justicia de los sectores más pobres de la sociedad.

Pero a pesar de ser un servicio voluntario y no remunerado, el Colegio de Abogados pretende que la defensa que se ofrece sea de calidad, y por ello, son claras las normas que establecen las obligaciones de los defensores sociales, así como las que determinan sus faltas y el régimen de sanciones, que ventajosamente casi nunca se aplican porque la esencia del servicio está en la vocación de los defensores y en su compromiso con su gremio y con la sociedad.

Nuestra Defensoría Social atiende casos penales, laborales, de inquilinato, de violencia familiar y de niñez y adolescencia, sin perjuicio de que en el futuro se pueda ampliar la cobertura, por ejemplo en la tutela de los derechos ambientales y difusos que muchas veces no son ejercidos por la población afectada, por limitaciones económicas o porque se deben enfrentar con el Estado.

La Defensoría Social de nuestro Colegio en sus cinco años ha atendido y solucionado trece mil seiscientos sesenta y dos casos conforme a las cifras estadísticas, cifras que reflejan un crecimiento exponencial de la demanda por parte de los usuarios, y un gran esfuerzo de nuestro defensores sociales que han permitido así reivindicar la idea de que la justicia es para todos, sin importar la condición económica;  y además, mejorar la percepción de la sociedad sobre el abogado y su función, pues aspiramos recuperar el papel que el jurista tenía en las sociedades de antaño.

En una memoria que elaboró nuestro Colegio en el año 2006, se consignan testimonios de varios usuarios del servicio, tomados al azar y que constituyen indudable estímulo para nuestra labor, así como los criterios de los propios defensores sociales y de jueces, que evidencian la trascendencia de la labor desarrollada, en todos los sentidos.

Pero desde que establecimos la Defensoría Social, nuestro Colegio creímos que era difícil que el proyecto persista en el tiempo como un mecanismo eficiente, si solamente estaba inspirado en el voluntariado; y por ello señalamos que establecíamos un plan piloto para que sea tomado en cuenta cuando los legisladores dicten una Ley de Defensa Pública, a fin de que la misma se establezca con un sistema mixto en el que exista un organismo público coordinador y vigilante del servicio prestado, por un lado; y por otro, los abogados organizados gremialmente para prestar un servicio que sea remunerado por el Estado en cumplimiento de su obligación esencial.

En este sentido, señalamos que el gobierno nacional actual, ante la crisis de los presos sin sentencia que abarrotan las cárceles, a finales del año 2007 creó  una Unidad Transitoria de Gestión de Defensa Pública orientada en el área penal. Esta unidad inició su operación siguiendo el sistema propuesto, esto es contratando con fundaciones y corporaciones y fundamentalmente con nuestro Colegio de Abogados, la prestación de la defensa pública penal.  El proceso inicial duró un año y contempló la obligación del Estado de pagar a los defensores sociales que intervinieron en el mismo, en función de la gestión cumplida, lo que vino a ser la materialización del plan que tuvimos hace menos de cinco años, a semejanza de la experiencia que generosamente nos compartieron nuestros colegas del Colegio de Abogados de Madrid.

Después del primer año de gestión, esa Unidad Transitoria de Defensa Penal Pública sigue operando pero con personal propio debidamente remunerado, debiendo señalar que varios de nuestros Defensores Sociales hoy son parte de ese personal de la Defensa Pública Penal, lo que significa que siguen comprometidos con la labor de garantizar el acceso a la justicia, sólo que ahora lo hacen remunerados por el Estado, como efectivamente corresponde.  

Hay que señalar también que la Constitución aprobada en el 2008 por la mayoría afin al gobierno, en el Art. 193 solamente concede a las Facultades de Jurisprudencia de las universidades la posibilidad de organizar y mantener servicios de defensa y asesoría jurídica para personas de escasos recursos económicos, y expresamente señala que otras organizaciones que quieran hacer esa labor, deberán acreditarse y ser evaluadas por la Defensoría Pública, trámite que justamente se ha iniciado en el pasado mes de noviembre. Esta injusta discriminación para los Colegios de Abogados se inscribe dentro de la política general del régimen, que alega que está impulsando una revolución ciudadana en la que los individuos agrupados fuera de los partidos políticos deben ser los gestores de su propio futuro, pero a la vez, promueve una fuerte campaña para destruir toda forma de organización social.  Al efecto, se ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Federación de Abogados que establecía la colegiatura obligatoria, así como de la norma que preveía fuentes de financiamiento para el gremio; y se ha aprobado un Código Orgánico de la Función Judicial cuya inconstitucionalidad está alegada, en el que considerando erradamente que el abogado en libre ejercicio de la profesión es parte de esa Función Judicial, se establece que será el Consejo Nacional de la Judicatura  el que otorgue las credenciales profesionales y el que haga el juzgamiento de la conducta ética del abogado, eliminando así el autocontrol que se daba a través de los Tribunales de Honor y sometiendo a nuestro ejercicio profesional a un control que podría llegar a privilegiar criterios políticos o de otra índole, frente a los puramente morales y gremiales.

Sin embargo de esta brutal arremetida, nuestro Colegio de Abogados sigue teniendo el respaldo del gremio y de la sociedad, justamente porque se reconoce la función gravitante que se cumple al no solo orientar la opinión sobre temas de derecho sino también al aportar en el combate contra la inequidad social a través de proyectos trascendentes como la Defensoría Social y fomentar la capacitación profesional. En todo caso, un efecto que si se aprecia es el de que ya no son todos los nuevos abogados que se incorporan al ejercicio profesional los que se afilian al Colegio, por lo que sus directivos estamos en la obligación de redoblar esfuerzos para atraer a esos profesionales a través de la difusión de la labor desarrollada, sin perjuicio de las acciones que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos puedan seguirse por la errada aplicación del derecho a la libertad de asociación.